El Poder judicial es un mecanismo de aplicación de la Ley. Si su funcionamiento dificulta que la Ley se aplique, es que funciona mal.

Lo hemos visto en el caso de la niña Mari Luz. Las organizaciones de mujeres estamos hartas de denunciarlo en el caso de la aplicación de las leyes que afectan a los derechos de las mujeres, como es el caso de la Ley contra la violencia de género.

Creo que merece la pena apartar un momento el debate de la necesidad de establecer excepciones en el tratamiento de cierto tipo de delitos y mirar un poco hacia el interior de los procedimientos de funcionamiento y la organización de la justicia.

Que en la sociedad de la información, con los medios tecnológicos que pueden utilizarse, existan problemas para compartir información entre juzgados y entre estos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, no tiene explicación ni escusa, más allá de la desidia.

Que la autonomía e independencia de los jueces les siga haciendo intocables frente a situaciones de mala praxis, mala aplicación de las normas o de los procedimientos, solo puede explicarse por un corporativismo mal entendido.

Quiero una justicia que funcione. Quiero un funcionamiento de la justicia que nos evite rasgados de vestiduras cada vez que una tragedia personal evidencia que las cosas pueden ser de otra manera. Quiero juzgados y procedimientos responsables del resultado de su intervención. Quiero una justicia ágil, que no pueda poner la escusa de una baja laboral para justificar la inejecución de una sentencia.

Los procedimientos garantes de nuestros derechos no son incompatibles con la modernidad y la responsabilidad. Estoy segura que existen opciones para combinar la tradición procedimental con un funcionamiento más racional, más moderno, más ágil y más acorde con la vida de ciudadanas y ciudadanos que confiamos en que la justicia nos resuelva problemas.

Francamente me parece que merece la pena intentarlo, antes de entregarme a la idea de la cadena perpetua o algo peor.