El Consejo de Cámaras de Comercio advertía hace unos días sobre las dificultades de cumplimiento que va a tener la futura Ley de Igualdad en lo relativo a las empresas.

Estoy de acuerdo. No me agrada la coincidencia, pero a la vista de las propuestas directamente relacionadas con el ámbito empresarial que pueden leerse en el texto del anteproyecto, creo que existen grandes posibilidades de que, en la práctica, no puedan ser llevadas a cabo, incluso en aquellos casos de empresas interesadas en la puesta en marcha de medidas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la organización empresarial.

El efecto del diálogo social sobre la redacción de los artículos relativos a las medidas de igualdad en el seno de las empresas, lejos de haber servido para clarificar el contenido de las obligaciones, deberes y derechos de cada uno de los agentes implicados, a saber, empresas, sindicatos, representantes de personal y las propias personas trabajadoras, ha contribuido a dejar muy diluida la responsabilidad de cada parte. El texto es poco claro y, por ejemplo, hay que bucear entre las disposiciones adicionales para encontrar la referencia al informe de situación sobre la igualdad de trato de mujeres y hombres en la empresa, que propone la directiva de igualdad de trato, como una de las medidas para fomentar la igualdad en los centros de trabajo.

Se ha depositado una excesiva confianza y responsabilidad en la negociación colectiva, y más allá de esta obligación de negociar las medidas a favor de la igualdad, se dan muy pocas pistas sobre cual ha de ser el papel de cada parte.

No tengo dudas de que la negociación colectiva, en algunos ámbitos, es una herramienta imprescindible para introducir mejoras relacionadas con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral y las relaciones laborales. Pero tampoco las tengo de que, en otros ámbitos, la negociación colectiva forma parte del problema y existe una amplísima literatura sobre la (des)igualdad y los convenios colectivos que ilustra generosamente esta afirmación.

Para aquellos ámbitos y casos en los que la negociación no vaya a dar los resultados esperados, deberíamos pensar en concretar más, y poner más a la vista en el texto del articulado, el paquete de obligaciones que las empresas y las propias personas trabajadoras adquieren en el proceso, incluyendo como una parte importante de las mismas la propia negociación colectiva. Estaríamos reforzando de esta forma la definición de un proceso claro y contundente, en definitiva un libro de instrucciones que aprovechase la experiencia de más de diez años de acciones piloto financiadas con fondos públicos y contribuyese a informar y formar en relación a un tema que, desgraciadamente, continúa estando al margen del paquete de conocimientos básicos que manejan la mayoría de las personas encargadas tanto de la gestión de las empresas como de la negociación de las relaciones laborales.