El anuncio de la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Viviane Reding, sobre su intención de plantear una norma a nivel comunitario que obligue a las grandes empresas a equilibrar la presencia de mujeres en los consejos de administración, seguro será uno de los temas de debate del otoño si llega efectivamente a materializarse. Volverán los argumentos del mérito y la capacidad y los de “vaya tontería con la que está cayendo”, por eso me he ido guardando la foto que el Rey se hizo el otro día con los principales empresarios de este país y que habla por sí misma sobre el tema de la presencia de mujeres en los círculos de poder económico.

Pero más allá de argumentaciones manidas y de cuestiones estéticas, la propuesta, de la comisaria Reding, parte de una argumentación que comparto plenamente y que no es otra que hoy por hoy, con las tasas de participación laboral de las mujeres en toda Europa, y los niveles de cualificación que alcanzan las mujeres en el sistema de educación superior, cuesta creer que la participación en los Consejos de Administración se encuentre aún en un vergonzante 14% de media europea, que desciende hasta algo más del 12% en el caso de las empresas del IBEX-35 en España. Son estos datos los que demuestran que la opinión extendida de que es mejor dejar este tipo de temas sobre igualdad de las mujeres en la dirección de las grandes empresas a la autorregulación, es totalmente falsa. Y lo dice la experiencia, porque en España, contamos con recomendaciones para que se incremente la participación de mujeres en los consejos de administración tanto desde el ámbito de la autorregulación como en la legislación vigente. El código del Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conocido como el Código Conthe, incorporó en el año 2006, una recomendación expresa en este sentido, pidiéndole a las grandes empresas que fijaran como uno de sus objetivos de buen gobierno el incremento de mujeres en sus órganos de dirección y decisión. Posteriormente, en 2007, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva estableció que las grandes empresas,debían alcanzar el 40 % de participación de mujeres en los consejos de administración en un plazo de 8 años, eso sí, como un compromiso de responsabilidad social corporativa y sin un régimen específico de sanciones. Transcurridos más de cinco años desde estas recomendaciones, es cierto que se han producido algunos avances; la evolución de la participación de mujeres en los consejos de administración, ha pasado de ser un 6% en 2007, a algo más del 12% en 2012, pero continúa aún muy lejos del objetivo del 40% establecido en la Ley, y no parece que a este ritmo se vaya a alcanzar en el 2015. Cuando llegue ese momento seguramente no pasará nada, si la propuesta de la comisaria Reding no lo impide, ya que no hay una previsión clara de sanciones o simplemente consecuencias en nuestra legislación para los casos incumplimiento. La actual propuesta de la comisaria ampliaría este plazo cinco años más, hasta 2020, pero con una responsabilidad por parte de los estados de establecer un régimen claro de sanciones o la prohibición expresa de contratar con las administraciones públicas para las empresas incumplidoras. Si se cumple esta segunda parte, merecerá la pena esperar. Sólo aquellos países que han concretado una obligación y previsto consecuencias en caso de incumplimiento, se han conseguido avances significativos. El mejor ejemplo es Noruega, que pasó de un 7 a un 44% de mujeres en los consejos de administración de sus empresas en el periodo comprendido entre 2002 y 2010, gracias a la propuesta realizada por el entonces ministro de Industria, Ansgar Gabrielsen, perteneciente a un partido de ideología conservadora. Alguna feminista Noruega aún bromea con el hecho de que propuestas similares, planteadas desde la izquierda y casi siempre por mujeres, nunca habían prosperado y que tuvo que ser un ministro, para más guasa conservador, quien se llevara el gato al agua, utilizando argumentos que estaban fuertemente anclados en criterios de carácter económico, (no es eficiente prescindir de mujeres que cuentan con altos niveles formativos y la experiencia necesaria en el gobierno empresarial), más que en los argumentos de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres que se habían utilizado en los casos anteriores. En este caso vuelve a ser una propuesta que surge de un contexto político conservador; la comisaria Viviane Reding pertenece al Partido Popular Europeo, milita en su país en un partido de centro derecha, y los argumentos empleados hasta este momento son también más económicos que de justicia social. Veremos qué suerte corre en este caso su propuesta, y qué respuesta recibe por parte de los diferentes estados miembros, especialmente el nuestro. Oportunidad de comprobar si la cuestión tiene que ver con la ideología o la caverna.