Que el Gobierno del Partido Popular tenía la intención de modificar la regulación del aborto no puede haber sido una sorpresa para nadie. Figuraba en su programa electoral, hubo declaraciones del propio Mariano Rajoy durante la campaña electoral al respecto e, incluso, figuró entre los gritos de celebración de la noche electoral.Quita el aborto” gritaban a su líder las personas congregadas en la calle Génova la noche del 20 de noviembre.

Quizá resulta sorprendente que haya sido el Ministro de Justicia y no la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, quien haya dado cuentas de esta previsión del Gobierno en las recientes comparecencias ministeriales en el Congreso, pero esto sólo apunta al tipo de reforma que el actual Gobierno tiene pensada para el aborto. Vuelta a la penalización o criminalización del aborto, como prefieran.

Los primeros datos de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, nos han mostrado un ligero retroceso en el incremento del número de abortos, especialmente en las mujeres más jóvenes. Por lo tanto no es cierto que la reforma que ahora nos proponen esté fundamentada en el impacto de la nueva regulación sobre las cifras de abortos.

Está claro que la nueva ley del año 2010 ofrece un contexto de mayor seguridad jurídica, especialmente para las mujeres, al reconocer la decisión de la propia mujer y, salvo por el tema tabú de la prestación desde hospitales públicos y el sinsentido de los tres días de reflexión, su aplicación no ha revelado grandes problemas y ha resuelto algunos de los generados por la legislación anterior.

Jurídicamente, la propuesta del PP nos aleja de la regulación de mayoría de los países europeos que han optado por una regulación de plazos. En cuanto a la constitucionalidad de esta fórmula, no se puede apelar a la sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional sobre la anterior legislación del aborto, ya que esta sentencia no entraba en el tema de una regulación de plazos sino de supuestos. Cabe preguntarse si el actual Gobierno piensa mantener el recurso de inconstitucionalidad que planteó desde la oposición a la Ley del año 2010, o si prefiere no tener esta respuesta, una vez que ha decidido dar gusto a quienes reclaman la derogación de la actual norma.

Es decir, lo único que el Gobierno puede argumentar para justificar esta reforma es la demanda de una parte de su electorado, que como sabemos, fueron quienes denunciaron la legislación anterior, que sorprendentemente ahora defienden y que, en realidad, persiguen una prohibición total del aborto basándose en motivos ideológicos y religiosos, lo cuenten como lo cuenten.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta, y desde luego puede plantear esta reforma porque se dan todos los elementos para que pueda decidirla con el apoyo popular obtenido en las últimas elecciones. Pero esto es una cosa, y otra muy distinta es que pretenda convencernos con argumentos que agreden a la razón y el sentido común.

Se va a modificar la Ley del Aborto porque a una parte del electorado del PP le molesta profundamente que se reconozca la autonomía de las mujeres gestantes a decidir sobre su propia maternidad y quieren impedir a toda costa que esto sea legal. A una parte, parece que importante del electorado del PP a juzgar por la pronta respuesta del Gobierno, no le importa que no haya habido un incremento significativo del número de abortos. No le importa que las mujeres españolas se tengan que ir a Portugal, a Francia o a Sebastopol para abortar, ni las condiciones sanitarias en las que tengan que hacerlo. No les importa que tengamos una legislación en la materia que no se adecúe a los países de nuestro contexto constitucional. No les importa los índices sanitarios de salud materno-infantil, ni los derechos sexuales y reproductivos. No les importa que no esté garantizada la atención a las mujeres gestantes, ni reconocen la necesidad de abortos terapéuticos, en ningún caso, ni siquiera en aquellos de lesiones fetales incompatibles con la vida. Sólo quieren prohibir el aborto o en su defecto incomodar e, incluso, acosar lo más posible a las mujeres que decidan hacerlo.

Llevamos más de 30 años con este debate. Las posiciones están claras y las motivaciones también. Lo siento por el Ministro de Justicia, pero la reforma que proponen no es progresista, como ha declarado recientemente. Por muchas vueltas que le dé, su propuesta claramente da gusto al pensamiento conservador y a la ortodoxia católica. Lo siento por la Ministra de Sanidad, pero la salud de las mujeres no es lo que hay detrás de su preocupación por la píldora post-coital, tal y como ha dicho en su comparecencia, y sí, el aborto es un tema de sanidad y salud pública y no sólo del ámbito de la justicia y del Código Penal.

Que hagan lo que tengan que hacer, pero comulgar y encima con ruedas de molino, no, que estamos muy mayores ya para eso.

Publicado en el Blog Ellas de Elmundo.es