Sólo hay que escuchar durante pocos minutos a mujeres con hijas e hijos que han sufrido violencia de género y la han denunciado, para darse cuenta hasta que punto los temas relacionados con el bienestar de estos niños y niñas y los aspectos referidos a la custodia, son muy importantes en la toma de decisiones sobre la denuncia, la búsqueda de protección y la decisión de llevar hasta el final el proceso de salida y de recuperación de la violencia de género. No sólo sigue existiendo una creencia social sobre el hecho de que la ruptura matrimonial opera contra el bienestar de los menores, sino que existe un miedo real a la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas que cuenta con pocos, pero, lamentablemente, significativos ejemplos derivados, en algunos casos, de malas prácticas en la aplicación de la Ley.

Un hombre que maltrata a una mujer no es un buen padre. Es una de esas verdades como puños si pensamos desde posiciones respetuosas con los derechos de las personas y desde la prevención de la violencia de género y la educación para la igualdad. Sin embargo en la realidad, y especialmente en el ámbito jurídico, no siempre se aplica este criterio como preferente. Los matices que se hacen a esta afirmación acaban, en algunos casos, en interpretaciones que responden más bien a la idea de que un hombre que maltrata a una mujer, puede seguir cumpliendo adecuadamente sus obligaciones paternas.

Esto es consecuencia directa de que vivimos en un contexto social en el que la violencia masculina, especialmente si está dirigida a su pareja, ha encontrado tradicionalmente mucha más comprensión y justificación de las razonables. Esto, como no puede ser de otra manera, ha afectado a la definición de las relaciones jurídicas entre mujeres y hombres, y aún hoy, continúa afectando a las resoluciones judiciales en materia de familia y al criterio que utilizan los juzgados para tomar sus decisiones sobre custodia y bienestar de los niños y niñas, incluso en los casos de violencia de género.

La experiencia en la aplicación y el funcionamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nos ha mostrado algunos ejemplos de casos en los que el criterio utilizado por un juzgado, ha sido que la violencia ejercida contra una mujer, no afecta a la idoneidad de un agresor para el desempeño del papel de padre. Y esto a pesar  de que hay dos artículos en esta Ley que hacen las siguientes recomendaciones entre las medidas cautelares que un juzgado puede aplicar:

Artículo 65: De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores a que se refiera.

Artículo 66: De la medida de suspensión del régimen de visitas. El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes.

El problema, como suele ser habitual es el verbo utilizado. Dice la ley que el juez “podrá”. Pasemos por alto el hecho de que debemos entender que la jueza, cuando se da el caso, también, (lo siento no he podido resistirme), pero ese “podrá” es una remisión al buen juicio del juez o la jueza, en el marco de criterios de proporcionalidad y vistas las circunstancias de cada caso, es decir, a lo que en términos jurídicos se entiende como “el arbitrio judicial”. Y esto puede tener diferentes consecuencias:

Si una tiene suerte y da con un juez o una jueza que entiende que la regla general es que alguien que agrede a su pareja no es un buen padre, existe alguna posibilidad de que se apliquen alguna de estas medidas cautelares, aunque son muy pocos los casos en los que se produce una suspensión de régimen de visitas, por ejemplo. Pero si por el contrario, una cae en un juzgado cuyo titular piensa que uno puede insultar, agredir, amenazar, lesionar, etc… a su pareja, sin que esto afecte de forma significativa a su papel de padre, pueden producirse casos tan surrealistas como que se conceda la custodia al presunto agresor bajo la argumentación de que tiene mejor horario laboral que la presunta agredida, Esto, hoy, no está prohibido por la Ley. El resultado son algunas resoluciones judiciales que desde luego no están basadas en la idea de mantener a los niños y las niñas alejados de la situación de violencia. Resoluciones que se convierten en una fuente inagotable de conflictos familiares, que sólo consiguen afectar el bienestar de los menores,  prolongar la tortura judicial de las mujeres que interponen denuncias por violencia de género, o encerrar en una espiral sin salida a las mujeres que enfrentan las situaciones de violencia sobrevenida en los procesos de divorcio, que no son pocas.

Yo no soy especialista en temas de atención jurídica a mujeres victimas de la violencia de género, pero no hace falta serlo para entender la gravedad de este problema, que hunde sus raíces más profundas en los estereotipos sexistas mas rancios, y que encuentra, en ocasiones, muy poca comprensión en el arbitrio judicial, en el marco de una legislación aún enormemente conservadora en materia de relaciones familiares.

Por eso, cuando esta mañana me he despertado con las opiniones de las asociaciones de la abogacía y la judicatura, diciendo que este tipo de problemas han de arreglarse confiando en el arbitrio judicial, en respuesta a la propuesta de modificación del Código Civil que ha hecho el Gobierno, como ciudadana sólo me dan ganas de decir una cosa: Contábamos con su buen juicio y criterio confiando en que sabrían que un hombre que agrede a su pareja no es un buen padre. Esperábamos que entendieran que las relaciones familiares han de estar necesariamente basadas en el pacto y la negociación en condiciones de igualdad entre los cónyuges. No parece que este sea un criterio universal en su ámbito y nos parece muy arriesgado contar con el criterio de profesionales que incluso objetan abiertamente de estos principios básicos. No nos pidan que confiemos en su criterio si algunas personas entre ustedes creen, que el bienestar de los niños y las niñas se defiende manteniendo y, a veces imponiendo, la relación con la persona que ha maltratado a su madre, incluso dándole responsabilidades de custodia en exclusiva. Porque, aunque sea en un puñado de casos, esto está pasando ahora mismo en los juzgados españoles.

Si el criterio judicial sobre las relaciones de familia, especialmente en los casos de violencia de género, no funciona de forma general, como poco, será necesario darle la orientación adecuada desde la legislación. La dirección no puede ser otra que la de reconocer que un hombre que agrede a su pareja no es un buen padre. Seguramente deberíamos considerar más cosas, pero es un buen comienzo para construir un modelo de relaciones familiares más equilibrado, que reconozca que el respeto a la igualdad en las relaciones de pareja es fundamental para el cumplimiento de las mutuas obligaciones y en relación con sus descendientes, en lugar de estar polemizando permanentemente en los territorios de lo no razonable cuando hablamos de relaciones familiares.

Además, con la cifra actual de mujeres asesinadas este año que no habían puesto denuncia previa, no podemos permitirnos que el miedo a perder la custodia de sus hijos e hijas sea un elemento disuasorio para las mujeres víctimas. Pero si además queremos trabajar en la dirección adecuada para prevenir la violencia de género en el futuro de la población más joven, no creo que un modelo paterno de un hombre que agrede, sea defendible en ningún caso.

Creo, por tanto, que son muchas las razones que tenemos para apoyar un fortalecimiento, vía legislación civil, de las recomendaciones ya recogidas en la Ley contra la violencia de género, digan lo que digan las diferentes organizaciones que representan a los operadores jurídicos y judiciales. Una reforma que, desde luego debe apuntar en la dirección de buscar la complicidad de quienes son imprescindibles para su aplicación, pero que no puede olvidarse de los problemas reales que en este momento se derivan de resoluciones concebidas en algunos juzgados de violencia de género y, también, en los de familia. Ejemplos claros de lo que no debe pasar en una sociedad respetuosa con la igualdad, con los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas.