Era evidente que no podía ser. Gestionar de forma objetiva la información que hay que proporcionar a una mujer que desea interrumpir un embarazo no deseado, era imposible.

A día de hoy, me sigo preguntando por qué parece estar tan claro que sólo el intento directo por parte del Estado de intentar influir en una decisión tomada por una mujer que no desea seguir adelante con su embarazo, es lo que garantiza la constitucionalidad de una ley del aborto basada en el plazo. Parece como si el Estado quisiera quitarse de encima la responsabilidad, interviniendo en cada caso, cuando la cosa ya no tiene remedio. Puede que sea jurídicamente correcto pero, a todas luces, ineficaz

Si el Estado quiere evitar abortos, debe trabajar activamente en evitar embarazos no deseados. Su responsabilidad en la protección del bien jurídico que es el nasciturus en nuestro ordenamiento jurídico, bien hubiera podido quedar cubierta con la estrategia de educación afectivo-sexual que se incluye en los primeros capítulos de la nueva Ley del aborto y que, por cierto, aún está pendiente de desarrollo. Una estrategia que debería incluir tanto la información básica sobre métodos anti-conceptivos, como la necesidad de ligar las relaciones sexuales con la madurez personal. Una estrategia que debe hablar del aborto como el último de los recursos frente a un embarazo no deseado y que debe hablar de responsabilidad, respeto e igualdad en las relaciones sexuales. En definitiva una responsabilidad asumida respecto del total de la población, mujeres y hombres, ejecutada cuando aún se puede hacer algo por cambiar las cosas y evitar males futuros.

Además de esto hay, para todas las mujeres que se encuentren en esta situación, un “œpiénselo bien y vuelva usted mañana”, (en este caso en tres días, que con uno igual no tiene suficiente), que por muchas vueltas que le demos, se parece bastante a una tutela en la decisión, difícil de entender desde la consideración de los derechos plenos de ciudadanía de las mujeres embarazadas. También tenemos ese tremendo instrumento proconstitucional: El sobre.

Un sobre que contiene información mágica: la que el Estado cree que debemos tener las mujeres antes de decidir si queremos interrumpir un embarazo que no deseamos, en términos constitucionales, eso sí. Cabe preguntarse si con la esperanza de que alguien cambie su decisión o simplemente de incomodar lo más posible, porque a la vista de los primeros días de aplicación de la Ley lo que hemos podido encontrar dentro de los susodichos sobres, es lo siguiente:

  1. Información sobre la atención a la maternidad en el sistema sanitario y derechos laborales y sociales relacionados con la maternidad. La duda es por qué esta información no se distribuye de forma general a todas las mujeres que se quedan embarazadas en este país y sólo se les da a las que no quieren estarlo.
  2. Información sobre ayudas a la discapacidad, supongo que por si los motivos que mueven a la interrupción del embarazo son los de enfermedad o malformación grave del feto. Indiscriminadamente para todas aunque si hacemos caso a las estadísticas sólo sería necesaria en menos del 10% de los casos.
  3. Lo que las comunidades autónomas quieran añadir en relación con la información sobre la intervención desde el punto de vista médico y demás recursos del territorio. Y os recuerdo que las CCAA, sobre todo algunas, están creativas respecto de la interpretación de esta Ley, así que, por ejemplo, hay sobres donde se dirige a las mujeres a buscar información a organizaciones antielección (las provida de toda la vida), o el caso de la Comunidad Valenciana que, para que las mujeres comprendamos el alcance de la intervención, ha decidido incluir fotografías de fetos entre la documentación facilitada.

No parece haber ni una sola línea destinada a informar a las interesadas sobre el derecho recientemente reconocido en la Ley sobre la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado en las primeras 14 semanas sin dar más explicaciones, ni en el resto de las opciones aprobadas.

Definitivamente, no había manera de gestionar bien este sobre con la que estaba cayendo. Ya lo sospechábamos, pero no había remedio, ni sentido común que evitara lo evidente.

Los posibles contenidos de estos sobres nos van a tener muy entretenidas los próximos años. No sólo por su envergadura considerable (en algunos casos más de 150 páginas), sino por lo revelador que pueden ser esos contenidos en relación con la opinión que las diferentes administraciones públicas tienen sobre el nivel de información, conocimiento y sentido común de las mujeres que no quieren seguir adelante con un embarazo no deseado. La cuestión es si alguien piensa que esta información tiene alguna utilidad, además de su defendido proconstitucionalismo, y si alguien realmente espera que sea ¿disuasoria?, ¿intimidatoria?, ¿aclaratoria?, con lo que quizá estamos hablando también de la opinión de los poderes públicos sobre nuestra autonomía, nuestros derechos y nuestro coeficiente intelectual.

He de decir que todo esto es muy crispante. Pero como parecen ser lentejas, una recomendación: Sólo hay un papel en el sobre que es imprescindible para practicar la intervención de interrupción del embarazo, el papel del consentimiento informado que tienes que firmar y que debe poder separarse del resto de la documentación que recibas, si las instrucciones del decreto se han cumplido. Busca ese papel y sepáralo del resto de la documentación. El resto de la información, si no la tienes ya, en el momento en que te estás acercando a pedir cita para abortar, es que alguien no ha hecho su trabajo. Para el futuro, comprueba que la información que tienes sobre anticoncepción es adecuada. Recuerda que el aborto no es un método anticonceptivo y que hay opciones mucho mejores para evitar un embarazo que no deseas que, además, protegen tu salud. Por lo demás”¦, sólo nos queda una opción.