Ha sido un susto muy grande.

Ver aprobado el depósito de los estatutos un sindicato de trabajadoras sexuales en el BOE, con la firma de la dirección general de empleo acreditando que tal pretensión de crear un sindicato sobre trabajo sexual, cumplía con los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ha sido un sobresalto, sólo superado por el hecho de que nos venimos a enterar precisamente el día en el que se acaba el plazo para poder recurrir dicho depósito.

Porque si bien la libertad sindical es un derecho básico, la facultad de crear sindicatos corresponde a los trabajadores y las trabajadoras. Lo dice la Ley. Así que era fácil interpretar que el Ministerio de Trabajo, con la publicación de esta anuncio, reconocía el trabajo sexual y el estatus de trabajadoras a las personas que se dedican a la prostitución, reconociendo a una entidad con personalidad jurídica suficiente para promover, por ejemplo, negociación colectiva y conflictos laborales.

Sólo han sido unas pocas horas de incertidumbre. Afortunadamente, hemos visto, con una celeridad razonable, una respuesta por parte de la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, reconociendo el error y anunciando medidas para proceder a la impugnación de este acto administrativo. Que le han metido un gol, dice la ministra. Si es así, la ultima chilena de Ronaldo se queda corta ante la espectacularidad de un acto administrativo consumado por el actual equipo de gobierno, con la “veraneidad” que proporciona la publicación en un sábado 4 de agosto, con 20 días hábiles (¿hay de eso en agosto?) para ser recurrido.

Mis casi olvidados estudios de derecho no dan de sí para imaginar el procedimiento al que tendrá que recurrir la abogacía del estado para la impugnación de este acto que, como reza el mismo, pone fin a la vía administrativa. Pero presumo un tortuoso itinerario judicial que, conociendo a los promotores de la iniciativa de este sindicato, será largo y dará que hablar. Todo un regalo para quienes están en el debate del reconocimiento de la prostitución como un trabajo y un camino que nos podríamos haber evitado, empezando por las reacciones que se producirán los próximos días contra el feminismo abolicionista que ya son habituales. Pero fútbol es fútbol, por seguir con la metáfora de la ministra y sólo espero que en este momento haya unos cuantos ojos consultando el VAR, para decidir a quien se le saca la roja directa. La firma del anuncio por parte de la directora general de trabajo parece dejar pocas dudas, pero habrá que esperar.

Más allá del ejemplo concreto, que no se puede calificar de anécdota por la gravedad y envergadura del tema, lo interesante es comprobar cómo, una vez más, por muy grandilocuentes que sean las intenciones políticas respecto del feminismo y de los objetivos de las políticas de igualdad, estos no son suficientes para garantizar que se desarrolla una gestión de los asuntos públicos coherente con las declaraciones realizadas. Pasa mucho. Nos ha pasado mucho. La gestión pública y los cambios en las estructuras son muy poco performativos; no basta con decirlo, además hay que hacerlo.

Para hacer políticas de igualdad, para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y los principios del feminismo estén presentes en la política, es necesario contar con administraciones públicas que primero conozcan esos principios, y segundo, tengan una ligera idea de cómo los mismos afectan a su departamento. Once años después de la aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, este es un objetivo no conseguido, y si no se lo creen basta que se den un paseo por el portal de transparencia de la Administración General del Estado y le echen un vistazo a los informes de impacto normativo, en particular el capítulo destinado al impacto de género de los proyectos normativos que se realizan desde los ministerios. Cuando se sobrepongan al bochorno hablamos.

Pero lo peor es que no hay consecuencias de ningún tipo. Los ministerios, también otras administraciones públicas, pero ahora la cosa va del Gobierno, llevan más de una década incumpliendo preceptos básicos de la Ley de igualdad; uso del lenguaje no sexista, estadísticas desagregadas por sexo, clausulas sociales en la contratación pública, informes de impacto de género de las resoluciones, los presupuestos, las propuestas normativas o de las convocatorias de empleo público, etc, etc, etc… Cosas que no se hacen o que han adoptado una apariencia formal de cumplimiento que para nada se acerca a los objetivos perseguidos en la legislación. Y no pasa nada.

Este gobierno feminista, tiene mucha tarea. Tarea de la gris, de la que no da titulares, de la que se sumerge en procedimientos públicos y reglamentaciones. Todo muy alejado del glamour de la reivindicación de la huelga feminista, del 8M o del #Metoo, pero que hay que hacer si queremos conseguir resultados diferentes y consolidar la igualdad en la gestión pública. Hay buen equipo, pero no se pueden cometer errores de principiante en la Champions.

Nos han metido el primer gol en propia meta. No sólo a la ministra, sino a todas. A ver que dice el VAR.