Es evidente que en esta legislatura van a pasar cosas en materia de regulación sobre la violencia de género. Ya han sido varias las señales. Minuto de silencio en la sesión de investidura y reiteradas referencias al Pacto de Estado como argumento común de todos los partidos políticos son algunas de ellas.

Nos pillan estas señales en un momento que también es especialmente significativo en el desarrollo de la legislación sobre violencia de género en España. Una década más que cumplida de la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género y con los compromisos del Convenio de Estambul recién adquiridos tras su entrada en vigor hace unos pocos meses.

Tiempo por lo tanto de reflexión, evaluación y propuesta para mejorar y seguir asumiendo los retos que la lucha contra la violencia sobre las mujeres, en todas sus formas, y que van a estar presentes en todos los encuentros institucionales en la materia.

Así ha sucedido en el VI Congreso del Observatorio Estatal contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial que se ha desarrollado estos días, como cada año, en el Senado. Un Congreso en el que, con el consiguiente derroche de representación institucional de todos poderes del Estado, se están escuchando muchas propuestas por parte de administraciones públicas y de diferentes operadores jurídicos y judiciales sobre las mejoras pendientes y las necesidades de más y mejor legislación en la materia. Sin embargo, ha resultado sorprendente la ausencia total en el programa de participación de organizaciones de mujeres, feministas y especializadas en la lucha contra la violencia de género, que sí han estado presentes en otras ediciones de este encuentro.

Si como dice el Convenio del Consejo de Europa, los estados deben procurar la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil especializada en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la celebración de este Congreso en un momento tan sensible como este, ha sido una oportunidad perdida para dar cumplimiento a esta recomendación.

Sorprendente, además, especialmente esta ausencia si tenemos en cuenta la colaboración, implicación y colaboración que las organizaciones feministas han tenido en el desarrollo de la legislación española en materia de violencia de género. La Ley actual se consiguió gracias a la insistencia e impulso de las organizaciones de mujeres, que reivindicaron la necesidad de una legislación específica durante más de una década.

Ahora nos enfrentamos a nuevos retos, que necesitan nuevamente de la visión y el conocimiento que tenemos las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres sobre el tema y que han sido contenido básico de la denuncia y reivindicación de los últimos meses.

La gran manifestación del 7N que congregó a cientos de miles de personas en una gran concentración en Madrid, es una buena prueba de esa capacidad de denuncia y de movilización que continúan teniendo las organizaciones del movimiento feminista. En los próximos días y a lo largo de todo el mes de noviembre, hasta el próximos día 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, seguiremos viendo esta gran implicación de las organizaciones, que genera un saldo enormemente positivo en términos de denuncia y sensibilización social.

Se equivocan las organizaciones políticas y las instituciones si piensan que se pueden hacer las propuestas de futuro sin contar con las organizaciones feministas, sin dar voz a las propuestas que se construyen desde la sociedad civil. En los próximos meses, seguramente se plantearán cambios en la legislación y más y mejores recursos para combatir la violencia contra las mujeres y el movimiento feminista tiene mucho que decir. Si las instituciones no facilitan los espacios para que se puedan escuchar las reivindicaciones del movimiento feministas, nos oirán en la calle. #CuestiónDeEstado #NiUnaMás #MachismoMata.

Artículo publicado en la sección Otras Miradas de Público.es