Dice Ciudadanos en su programa electoral que, a su entender, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género debe ser modificada para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y de la ineficacia de la propia Ley.

Antes de avanzar sobre lo que me parece y significa la propuesta no queda más remedio, y pido perdón anticipado por ello, que hacer una mínima aclaración sobre los contenidos de esta tan discutida Ley y sobre la legislación penal en España.

Aunque resulta habitual referirse a los delitos de violencia de género lo cierto es que la LO 1/2004 no tipificó ningún comportamiento delictivo nuevo. En realidad, cualquier infracción que tenga naturaleza penal puede convertirse en un delito de violencia de género cuando es cometido en el ámbito de una pareja por parte del hombre contra una mujer.

Delitos como el homicidio, las lesiones graves, las violaciones y el resto de delitos violentos graves, cuando son delitos de violencia de género se juzgan y condenan de acuerdo con las normas generales del Código Penal sin que haya ninguna diferencia entre mujeres y hombres, más allá de las circunstancias del caso que se juzgue.

Sin embargo. el legislativo sí quiso establecer una tutela penal reforzada, para algunas conductas tipificadas como delitos leves, como coacciones o amenazas, estableciendo una agravación de las penas en estos casos cuando se cometían en las circunstancias de violencia de género, es decir cometidas dentro de la pareja por un hombre contra una mujer.

La razón era dar una respuesta penal más eficaz a las conductas de maltrato habitual que casi siempre eran atendidas en los juzgados como agresiones puntuales con resultados leves. Esto enfrentaba a las mujeres denunciantes a auténticos calvarios judiciales. Una mujer podía poner decenas de denuncias antes de que los juzgados estimasen que, a lo mejor, estaban en presencia de algo más grave que un hematoma, una rotura de pómulo, que se liquidaba con una pena menor. Penas que tiempos atrás llegaban a ser de multas o arrestos domiciliarios, -¿se imaginan?-, que por supuesto, no garantizaban uno de los objetivos fundamentales del derecho penal, que no es otro que la protección y la seguridad de las víctimas de los delitos. ¿Recuerdan a Ana Orantes?

La modificación y la tutela penal extra que pretendía la modificación de la Ley integral, no ha sido, por lo tanto, una agravación general de los delitos que puedan llegar a ser considerados como de violencia de género, sino sólo de aquellos comportamientos catalogados entonces como de falta, cuyas sanciones penales, no tenían en cuenta ni el el daño moral que las mujeres sufren en este tipo de delitos cuando son cometidos en el entorno de sus parejas, ni sus necesidades de protección y seguridad, ya que viven con sus agresores, ni tampoco el daño social que supone la quiebra del principio de igualdad y, por lo tanto la proporcionalidad de las penas. Hay que aclarar además que estamos hablando de incrementar las penas mínimas de estos delitos de tres a seis meses de condena, por ejemplo, en el caso de las amenazas leves, según la reciente reforma del Código Penal.

Esta agravación de las penas tampoco ha significado la despenalización de las conductas de violencia doméstica o intrafamiliar contra los hombres, como pretenden contarnos algunos, a las que se siguen aplicando los mismos artículos del Código Penal sobre maltrato habitual, lesiones, coacciones o amenazas. De hecho, el Ministerio de Justicia recoge como víctimas de delitos de violencia doméstica a unos 2.700 hombres al año con orden de alejamiento. Claro que mujeres son más, muchas más, y las consecuencias suelen ser también más graves en términos de delitos contra la vida y la integridad.

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la constitucionalidad de esta fórmula y hay que decir que la nueva reforma del Código Penal establece esta misma agravación de las penas no sólo para las mujeres, sino para personas especialmente vulnerables que convivan con la persona que comete el delito, sea cual sea su sexo, por ejemplo, en el caso de las amenazas.

Pero volviendo a Ciudadanos, y en relación con la ineficacia de la Ley, sólo decir dos cosas. La primera es que ayer fueron asesinadas dos mujeres que habían denunciado previamente y que tenían derecho a medidas de protección a su favor.No pudimos protegerlas. No son las primeras. ¿Tendrá esto algo que ver con una supuesta asimetría penal? La eficacia de una ley depende en gran medida de los recursos que se destinan y del crédito y rigor con que se aplica por parte de los diferentes agentes implicados. No creo que hacer una acusación de ley injusta, a una norma que pretende proteger a las mujeres que son maltratadas, e incluso asesinadas, en el ámbito de la pareja, como hace Ciudadanos ayude mucho en este fin.

La segunda es que en política, quien toca de oído, quien hace propuestas sin el rigor y el conocimiento suficiente de la realidad y la legalidad, suele terminar desafinando. Lástima que en Ciudadanos no parezcan haber aprendido de los errores ya cometidos por alguno de sus recientes correligionarios como el señor Toni Cantó, que ya tuvo que desdecirse en su etapa de UPyD por dar crédito de forma acrítica al discurso de las denuncias falsas.

En épocas electorales no ganamos para sobresaltos. Habrá que consolarse con las oportunidades de explicarse que esto facilita.

Publicado en Elmundo.es