Ayer se consumó la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. El debate entre los grupos parlamentarios duró hasta altas horas de la noche y fue una clara muestra de la soledad y la debilidad de los argumentos sobre los que el Partido Popular fundamenta esta reforma.

Pero como tal vez persistan en la sociedad española algunos equívocos y mitos infundados en relación con el contenido de la legislación respecto a la regulación del aborto de las mujeres de 16 y 17 años y respecto a otras cuestiones de normas de convivencia e incluso normas civiles que esta reforma ha utilizado como base para su desarrollo, vamos a repasar algunos de ellos.

Una mujer de 17 años no es una niña, aunque nos lo pueda parecer visto desde la perspectiva de lo que llamamos “mediana edad”. Y no lo digo sólo por la evidencia del desarrollo corporal sino que a nivel legal a las personas jóvenes de 16 y 17 años son considerados casi adultos para muchas cuestiones. En el ámbito sanitario, los y las menores tienen derecho a la información y a ser escuchados desde los 12 años y, a partir de los 16 años se consideran menores con madurez suficiente y son los chicos y las chicas de esta edad quienes deciden, sin ncesidad del consentimiento paterno, salvo en excepciones como el trasplante de órganos, la reproducción asistida o los ensayos clínicos. A partir de esta reforma las chicas tendrán una limitación adicional respecto de su consideración de maduras, de forma que la norma es, además, discriminatoria para con las mujeres jóvenes por razón de sexo, que son consideradas menos maduras que sus compañeros de la misma edad.

La información a los progenitores estaba garantizada en la legislación que se ha reformado. No es cierto que las chicas de estas edades se fueran a las clínicas sin decírselo a sus familias y en los casos en los que esto ocurría quedaba a criterio facultativo la necesidad o no de saltarse este requisito y sólo basándose en la existencia de un conflicto familiar grave. Esta forma de funcionar  no se corresponde en absoluto con la imagen de desamparo de las menores que acuden solas a abortar que nos han descrito para justificar la reforma.

Muy pocas menores acuden solas a abortar. Aunque en ningún momento se han dado datos oficiales y las cifras que publica el Ministerio de sanidad no ofrecen el tramo de 16 y 17 años en las estadísticas de aborto, ni cuántas de estas acuden alegando un conflicto familiar grave, sabemos a través de los datos de ACAI que podemos estar hablando de unas 400 mujeres año. Muy pocas, pero las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad precisamente por carecer del apoyo familiar. Hablamos incluso de mujeres que pueden estar siendo víctimas de maltrato y abusos sexuales dentro de su propia familia, por lo que la mejor manera de protegerlas no parece que sea exigirlas un apoyo con el que no cuentan o que es precisamente la causa de su vulnerabilidad.

No van a evitarse abortos, se desplazarán hacia procedimientos inseguros y sin supervisión médica, como sucede en todos los países del mundo en los que existen leyes restrictivas y donde los abortos inseguros son una de las causas más  significativas de la mortalidad materno infantil. El daño sobre la salud de las mujeres más jóvenes es un daño para la salud pública.

El consentimiento expreso de ambos progenitores para esta decisión contraviene las reglas civiles que regulan y limitan el ejercicio de la patria potestad, especialmente en estas edades. Ser madre o padre no es una licencia ilimitada para decidir en nombre de nuestras hijas e hijos, al contrario, debe limitarse en función de la madurez alcanzada y debe ejercerse evitando que los conflictos que pueda haber entre ambos progenitores se trasladen al desarrollo de los y las menores. Por eso, habitualmente la patria potestad se presume ejercida de forma conjunta, pero en este caso no será así. Literalmente, las jóvenes de 16 y 17 años no podrán abortar sin el permiso expreso de su padre, porque no vale sólo con el de su madre, ni viceversa. Esto multiplica exponencialmente las posibilidades de conflicto familiar que puede darse contra la decisión de las jóvenes. El procedimiento civil para resolver este tipo de conflictos no suele ser muy rápido, por lo que recurrir a una resolución judicial en caso de desacuerdo puede llegar a convertirse en un obstáculo insalvable para poder abortar dentro del plazo legal. Esto no es proteger a las menores, es sólo poner dificultades para que puedan abortar y decidir autónomamente sobre su cuerpo y su vida.

Esta reforma y la mayor parte de los argumentos que han utilizado por parte de quienes la han defendido, se han construido sobre el miedo que nos da a todas las personas adultas el hecho de no saber lo que nuestras hijas y nuestros hijos puedan estar haciendo en estas edades. Y el miedo es un caldo de cultivo estupendo para la elaboración de leyes injustas. Y si no se lo creen prueben a explicarle a esa adolescente que tienen en casa que les parece muy bien una ley que está pensada para evitar que pueda tomar la decisión sobre si quiere seguir adelante o no con un embarazo sin su consentimiento. Pregúntele de paso si le parece bien una ley que entiende que su capacidad para concebir y gestar un embarazo la convierte en menos madura y más incapaz que sus compañeros varones de clase, a ver qué le dice.