Acabamos de conocer los datos correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos sobre renta familiar del año 2013.

Las noticias que nos dan los resultados de esta encuesta no son muy buenos y básicamente nos cuentan que el riesgo de pobreza en España ha crecido significativamente. La capacidad adquisitiva de los hogares ha caído más de dos puntos respecto de los ejercicios anteriores.

Evidentemente es una imagen que en nada representa el discurso de la recuperación económica, al menos por lo que respecta a las rentas familiares del año 2013, salvo por el hecho de que cada vez hay más personas en peor situación económica, frente a las pocas que están siendo capaces de incrementar sus ingresos. La desigualdad sigue creciendo.

Pero incluso la pobreza se distribuye de forma desigual; afecta menos a las personas mayores, las que dependen de una pensión, frente a las que están en edad activa y especialmente, frente a los menores de 16 añosque son el sector de población que más se empobrece.

Uno de cada tres menores de 16 menores vive en una situación de riesgo de pobreza. Pero no se equivoquen, estos menores no son más pobres que sus familias. El fenómeno de la pobreza infantil, pone de manifiesto que las familias que tienen hijos o hijas son más pobres. Así de duro. No lo olviden la proxima vez que escuchen una reflexión sobre la preocupación por las bajas tasas de natalidad o cuando evalúen las políticas de apoyo a la familia. Es un problema de pobreza, y lo es especialmente para las familias encabezadas por una sola persona adulta, las familias monoparentales, que en el 90% de los casos tienen como titular una mujer.

La encuesta tiene mucha más información sobre las dificultades económicas de las familias. Por ejemplo, sabemos que más de un 10% de las familias tienen problemas para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda. Sólo un día después de conocer esta encuesta del INE, el Tribunal Constitucional ha dado a conocer el contenido de su sentencia sobre el decreto ley andaluz que permitía la expropiación del uso de viviendas vacías de los bancos para dar a ese uso una finalidad social y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Debe ser que, según el Constitucional, están por encima los derechos económicos que una entidad financiera tiene sobre una vivienda vacía, que los derechos a una vivienda digna de una persona o una familia que no la tiene. Debe ser.

En su anuncio explica el alto Tribunal, que considera que la medida de laJunta de Andalucía puede ser un obstáculo para la eficacia de las medidas de política económica arbitradas por el Gobierno Central. Deben referirse sus señorías magistrados y magistradas, a esas medidas que han hecho que el riesgo de pobreza se incremente en España más de dos puntos en un solo año, y que más de un 10% de los hogares tengan severas dificultades para poder hacer frente a los gastos básicos de la vivienda.

¿Se puede tener duda sobre la constitucionalidad de una sentencia del constitucional? Pues así todo el rato cuando de la confrontación sobre intereses económicos y bienestar social se trata. Esta sentencia debería incorporar un anexo con recomendaciones sobre cómo confiar en las instituciones cuando se es pobre.

Publicado en el Blog Ellas de @Elmundo.es