Dice la Ley de autonomía del paciente que en los casos de prestación del consentimiento informado para ser sometidos a tratamientos médicos, no cabe prestar el consentimiento por representación cuando se trate de los y las menores de 16 años cumplidos y que sólo a criterio facultativo, en caso de actuación de grave riesgo, los padres serán informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

Porque en España, la mayoría de edad en relación con la salud está establecida de facto en los 16 años, y se respeta la decisión de los y las menores en lo que tiene que ver con su salud. Y esto ha sido así desde el año 2002, con la excepción del aborto donde se han estado aplicando las reglas generales de la mayoría de edad, es decir, se limitaba el reconocimiento de la madurez de las mujeres jóvenes sobre su salud, en relación con el aborto.

La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo del año 2010, acabó con esta contradicción y redactó un artículo que se parece bastante a lo que dice la Ley de autonomía del paciente: consideración en primer lugar de la voluntad de la menor para abortar, información a los progenitores como regla general, y exención de la información a criterio facultativo cuando concurran situaciones de especial dificultad por parte de las menores.

Los motivos de la necesidad de esta excepción están más que explicados tras el largo y cansino intento del Gobierno por modificar esta Ley. Casos de desarraigo, maltrato o abusos en el ámbito familiar son la causa de esa excepción. También hay mucha información sobre el hecho de que, en la mayoría de los casos, más del 80%, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, las menores van acompañadas de sus madres o sus padres.

No puedo dar datos oficiales sobre el número de menores de 16 y 17 años que abortan, ni de cuantas están acudiendo a abortar sin el consentimiento de sus representantes legales, sencillamente porque el Gobierno no los hace públicos. Tenía yo cierta esperanza de que se los pasara a su grupo parlamentario a la hora de presentar esta reforma, pero no ha sido así. Seguramente no lo ha hecho, porque quieren seguir jugando con esa idea de que las menores están acudiendo masiva e indiscriminadamente a abortar sin el conocimiento ni consentimiento de sus familias. Es esta falsa idea, que se ha instalado en la opinión pública, en general muy dada a desconfiar de los comportamientos y actitudes de las personas jóvenes, lo que en esta ocasión nos van a intentar presentar como un punto de partida para un acuerdo y consenso general sobre esta reforma. ¿Cómo dejar entonces que los datos, que dicen otra cosa, contradigan esta idea?

Pero es que, además, nos guste o no, los niños y las niñas, los y las jóvenes tienen derechos, y la autoridad adulta de madres y padres tiene límites al respecto que, incluso, están recogidos en la legislación española.

Dice la legislación en materia de protección al menor que las limitaciones a la capacidad de obrar de los y las menores se interpretarán de forma restrictiva, y en relación con la capacidad de representación que tienen los progenitores, el propio Código Civil, establece excepciones al ejercicio de la patria potestad y el poder de representación, cuando se trata de derechos relacionados con la personalidad que los hijos e hijas que puedan realizar por sí mismos, y los derechos sexuales y reproductivos lo son, en función de la madurez y de lo que establezcan las leyes.

Así que nuevamente, detrás de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular respecto de las menores, no está ni la necesidad social, ni la legislación, ni la defensa de los derechos de las menores, sino sólo motivos ideológicos y la evidencia de que algo tienen que hacer para dar gusto a su electorado más conservador. Otra vez la misma historia y es la tercera vez en esta legislatura, que en esta ocasión arremete contra los derechos de las menores, con muchas menos garantías que en ocasiones anteriores, ya que el procedimiento elegido, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, impide la participación de órganos consultivos y de la sociedad civil que han sido precisamente quienes han evitado el atropello en ocasiones anteriores. Esto se va a aprobar gracias a una mayoría absoluta que, ni en este tema, ni en este momento, es ya representativa. Viva la democracia.

Así que se aprobará una Ley que va a dejar desprotegidas y sometidas a complejos procedimientos judiciales a las menores más vulnerables, a las que no tienen ni pueden contar con el apoyo de sus familias o a las que estén en medio de un desacuerdo familiar (lo del consentimiento expreso de ambos progenitores, es también una vulneración de las reglas comunes del ejercicio de la patria potestad, aunque ese tema merece análisis aparte). Pero fundamentalmente, lo que esta reforma nos pone encima de la mesa, es la decisión política de que las mujeres de 16 y 17 años, por tener la capacidad de gestar, es decir, por razón de su sexo, sean consideradas como menos capaces que los hombres de 16 y 17 años, que sí tendrán reconocida plena capacidad de decisión en relación con lo que pase con su cuerpo y con su vida.

Y ahora, olviden por un momento el dolor que les produce la idea de que una hija suya de esta edad quisiera abortar sin contar con ustedes y contesten, de verdad, si lo mejor que quieren para sus hijas, y para las hijas de sus hijas, es una legislación que las discrimina por el hecho de ser mujeres. Si lo que querrían para ellas es que continuaran adelante con un embarazo en contra de su voluntad por no tener 18 años o si lo que quieren es poder obligarlas a abortar aunque ellas no quieran. Porque eso es lo que va a pasar si esta reforma se aprueba. Una discriminación general, que afectará directamente solo a unas pocas, pero que estará referida a todas las mujeres de 16 y 17 años, sobre quienes legislaremos que son menos capaces que los hombres de tomar decisiones sobre su vida y su salud, porque son mujeres.

Vive conmigo una joven de 17 años. Esta tarde, cuando llegue a casa, le voy a explicar que este Gobierno, no ha cesado en su intento de convertirla en más incapaz que sus compañeros de clase, porque no se fía de la forma en la que ella va a gestionar su capacidad de gestar. Creo que está en mi papel de representante legal, intentar que esto no pase. Creo que la mejor forma de asegurar que ella va a contar conmigo cuando tenga un problema, es que tenga garantía de que me fío de su criterio, que confío en la madurez que ha alcanzado gracias al acompañamiento que estos años ha tenido por parte de sus dos representantes legales y que tenga la seguridad de aquí nos tiene cuando de defender sus derechos y su madurez se trate. Faltaría más.

Publicada en el Blog Ellas en @Elmundo.es