En relación con las propuestas que se están barajando estos días desde el Gobierno sobre la modificación de la regulación del Aborto en España, publiqué el pasado domingo este artículo en el diario El Mundo.

Hora de resolver una situación insostenible.

SI. Sobre todo porque parece que, por fin, y tras más de 20 años de reivindicaciones realizadas desde el feminismo, desde las organizaciones de planificación familiar, desde los ámbitos profesionales sanitarios y de recomendaciones de los principales organismos internacionales que se han pronunciado sobre los derechos sexuales y reproductivos, el compromiso del gobierno parece no estar limitado a la mera revisión o ampliación de los supuestos despenalizados en el Código Penal, sino de una auténtica reforma que combine el sistema de plazos y con supuestos o indicaciones concretas.
La actual regulación del aborto en España figura en el Código Penal y se limita a realizar la despenalización del mismo en tres supuestos: Embarazo fruto de violación denunciada dentro de las primeras 12 semanas, graves malformaciones del feto dentro de las primeras 22 semanas y grave riesgo para la salud física o psicológica de la embarazada sin límite temporal.
La fórmula, que está vigente desde hace ya 23 años, a pesar de que su aplicación presenta importantes lagunas que fueron denunciadas casi desde el momento de su aprobación. Su modificación se ha ido posponiendo, pero los sucesivos aplazamientos, lejos de aplacar el debate social y avanzar hacia posiciones de consenso, sólo han contribuido a subir cada vez más el tono de las posiciones ideológicas y religiosas que reivindican una prohibición total del aborto.
La regulación vigente niega a las mujeres una decisión libre sobre la interrupción de un embarazo no deseado, pero tampoco establece límites claros sobre los momentos y circunstancias en los que puede realizarse un aborto, provocando una grave situación de inseguridad jurídica. Deja en situación de abandono a los casos de diagnósticos con malformaciones graves, incluso incompatibles con la vida, que se produzcan por encima de las 22 semanas. No garantiza la intervención desde la sanidad pública, ni aborda el problema desde un planteamiento de salud sexual y reproductiva de la población que posibilite un trabajo preventivo en el marco de la educación efectivo sexual. No ha sabido proteger a las clínicas, profesionales y mujeres de un acoso permanente procedente de un sector social concreto, que ha acabado arrojando la sospecha de ilegalidad de forma indiscriminada y hemos visto como puede ser fácilmente vulnerado el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las historias clínicas de las mujeres que han abortado.
Sólo son algunos ejemplos, pero con este panorama, resultaba difícil entender la tibieza con la que el tema era tratado en la oferta electoral realizada por el Partido Socialista para su segunda legislatura. Afortunadamente, los acuerdos y conclusiones que se han tomado en su reciente congreso y el compromiso que parece haber adquirido el Gobierno en relación con el desarrollo de una ley de plazos e indicaciones, ha venido a corregir el error y a devolvernos la esperanza de reparar una situación que, desde hace mucho tiempo, se ha revelado insostenible y que debe ser urgentemente resuelta por la clase política y los poderes públicos.
Sólo una regulación que combine plazos e indicaciones puede avanzar en la conciliación de entre el derecho a decidir de las mujeres como una protección satisfactoria del feto en función de su desarrollo, adaptándose al mismo tiempo a las diferentes realidades que deben ser atendidas. Sólo una norma que confíe en la decisión de las mujeres y que aparte definitivamente las pretensiones de imposición general de una moral basada en creencias religiosas, que son absolutamente respetables, pero que sólo son válidas en el ámbito de la decisión individual, puede ayudarnos a construir una solución que cuente con alguna oportunidad de consenso social.
No se puede prolongar por más tiempo esta situación. No puedo estar más de acuerdo con la actual oferta y sólo espero que pueda ser construida desde posiciones razonables, al margen de dictados religiosos y sin las trampas de amenazas de inconstitucionalidad que ya conocemos de otros momentos. Una regulación del aborto resuelta desde el respeto, la seguridad jurídica y el sentido común. Ya toca.

 

(El Mundo, 13 de julio de 2008)