Hay un juez en Aranjuez que piensa que lo mejor para una niña de cuatro años es tener visitas vigiladas con su padre, un señor que está en la cárcel de forma preventiva porque está acusado de matar a su esposa y madre de su hija. Lo piensa con el apoyo del equipo psicosocial que instruye al juzgado en esta materia, que también piensa, en contra de las personas que se están ocupando de atender la recuperación de una niña que estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos.

La Ley dice que se debe proteger el interés superior del menor por encima de cualquier otra cosa. Lo dice la Constitución, más o menos a la altura del artículo 39 y, este principio cuenta con un amplio desarrollo legislativo que podemos encontrar en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, numerosos artículos de nuestro código civil e incluso diversas normas de los diferentes parlamentos autonómicos.

Lo dice la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que establece que los juzgados pueden suspender la patria potestad, la custodia o las visitas con la mera imputación.

Lo dice el Convenio de Estambul, con el que nos hemos comprometido este mismo año y que establece como una obligación establecer las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños y las niñas.

Nos lo ha dicho hace apenas unas semanas, en el dictamen sobre el asesinato de otra niña hace 11 años, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, en cuya resolución no sólo estima falta de diligencia en la protección de la menor que fue asesinada hace 11 años, sino que recomienda a España que tome “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estilar los derechos de custodia y visitas relativos a los hijos e hijas y que no se ponga en peligro su seguridad por esta causa.

Pero todo el desarrollo legislativo que exista no producirá resultados mientras que haya jueces, juezas y equipos psicosociales que no sean capaces de entender que un maltratador no puede ser nunca un buen padre.

Estamos a la espera de que se aprueben dos reformas legislativas que desarrollen la protección a los y las menores hijos de víctimas de la violencia de género: Una de ellas ya está en el Congreso de los Diputados- Se llama el Estatuto de la víctima y pretende extender las medidas de protección de las víctimas de la violencia de género a sus hijas e hijos.

También estamos esperando la Ley de Protección a la infancia cuyo anteproyecto parece que quiere hacer un reconocimiento de los menores como víctimas directas de la violencia de género que sufren sus madres.

Actualmente la aplicación de medidas de suspensión o retirada de patria potestad, custodias o visitas a imputados por maltrato o, incluso condenados por violencia de género son casi residuales si atendemos a los datos de seguimiento de resoluciones judiciales que hace el Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

A la vista de las obligaciones y recomendaciones internacionales tenemos la obligación de reparar esta situación, pero cabe una duda. ¿Serán efectivas estas medidas mientras queden jueces, juezas y equipos psicosociales que sigan pensando que lo mejor para una niña de cuatro años es tener visitas vigiladas con la persona que está en la cárcel acusado de matar a su madre? Por enésima vez hay que seguir repitiendo, incluso en los títulos de los artículos, que un maltratador no es un buen padre. Sólo así podemos proteger adecuada y efectivamente a los niños y las niñas.

Publicado en el Blog Ellas de @elmundo.es